El AHPN tiene muchos documentos importantes. Si se les pusiera en el suelo, uno detrás de otro, serían 8 kilómetros de paquetes de hojas, fotografías y fichas con información sobre el funcionamiento y las operaciones de la Policía Nacional (PN).
Las autoridades estiman que en total son más de 60 millones de folios con registros de las actividades de la PN, que empiezan en 1882 y se extienden hasta 1997, cuando esa fuerza desapareció y fue sustituida por la Policía Nacional Civil.
Además de contar una parte importante de la historia de una institución pública de seguridad, entre esas pilas de papeles viejos hay informaciones que han ayudado a esclarecer crímenes ocurridos en el conflicto interno (1960–1996), cuando se cometieron miles de violaciones a derechos humanos.
El Archivo ya ha servido para recopilar pruebas en juicios históricos y enviar a prisión a criminales de guerra. Y además da esperanzas a familiares y sobrevivientes del conflicto, que buscan entre los documentos las pistas para encontrar a las víctimas.
En las manos equivocadas, el Archivo ya no podría ayudar a la justicia, a los sobrevivientes del conflicto y a la memoria histórica. Es por eso que en los últimos meses surgieron tensiones cuando se empezó a especular sobre cambios en la dirección y gestión del AHPN.
La cooptación fallida de la memoria histórica
En los últimos años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo económico de cooperantes internacionales, desarrolló una iniciativa para resguardar, ordenar y digitalizar los documentos del Archivo a través del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST).
En el gobierno de Jimmy Morales se decidió que la gestión del PNUD en el Archivo debía terminar. Eso motivó pugnas políticas dentro y fuera de la Casa Presidencial sobre el futuro de los documentos.
El actor más importante en el intento de cooptación del AHPN fue el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quien no ocultó su interés de controlar los documentos históricos y el edificio donde se encuentran resguardados.
Degenhart dijo el 27 de mayo que el Ministerio de Gobernación debía involucrarse en la “toma de decisiones” sobre el Archivo y resaltó era necesario restringir el acceso a la información sensible en temas de seguridad nacional.
El objetivo del funcionario era tomar el control del inmueble donde se encuentra el AHPN, que le pertenece al Ministerio de Gobernación y al mismo tiempo decidir sobre el manejo de los archivos. El plan no funcionó.
El Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia, que fue otorgado de forma provisional y dejó en suspenso un oficio de Degenhart con el que quería cooptar el Archivo.
La Corte ordenó a las autoridades que garanticen las medidas de seguridad para el resguardo y conservación de los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional.
–Pareciera que el Ministerio de Gobernación quiere es impunidad. La Ley de Acceso a la Información Pública refiere que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a DDHH fundamentales y a delitos de lesa humanidad, dijo Rodas en un tuit.
Un nuevo guardián y un nuevo nombre
El pasado 10 de junio el Ministerio de Cultura y Deportes emitió el acuerdo ministerial 523-2019, con el que cambió el nombre del archivo a ‘Fondo Documental del antiguo Archivo Histórico de la Policía Nacional’ y definió que se le reconocerá como Patrimonio Cultural de la Nación dentro del Archivo General de Centro América.
El Archivo General de Centro América es una dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala que conserva y archiva documentos históricos oficiales, que datan desde 1537.
Omar Morán, director del Patrimonio Cultural y Natural, explicó la decisión de trasladar la gestión del Archivo del PNUD al Ministerio de Cultura, a partir de julio de 2019, obedece a la necesidad de ‘institucionalizar’ el AHPN.
Según el funcionario, el Ministerio de Cultura contratará al personal del PNUD —37 trabajadores— para que sigan cumpliendo con sus funciones y el Archivo seguirá en el inmueble del Ministerio de Gobernación, debido a que se amplió el convenio para usar el edificio, al menos hasta diciembre de 2019.
Según Morán, las instituciones de justicia, las organizaciones sociales y la ciudadanía podría seguir haciendo consultas y búsquedas como lo garantiza la Ley de Acceso a la Información y Gobernación no tendrá control sobre los documentos.
Fuente: Nomada