Trudy Mercada (*)
Esta empresa, Comprehensive Health Services (CHS), opera los centros que albergan a menores migrantes, por lo cual le cobra al Gobierno de Estados Unidos US$750 diarios por manutención de cada niño migrante. POR DÍA. Como punto de comparación, el precio promedio de una noche en una habitación de lujo, en un hotel de 5 estrellas, en Estados Unidos es de aproximadamente US$520 a US$600 en su época pico (y siempre hay ofertas).
Se saben estos costos porque recientemente se armó un enorme escándalo, ya que activistas de derechos humanos, alertados por parientes preocupados, descubrieron que los niños no estaban recibiendo tan siquiera cepillos de dientes, pasta dental, jabón o pañales. El presidente Trump defendió a la Patrulla Fronteriza, diciendo que no alcanza el presupuesto para eso y que, además, no es la obligación del Gobierno de Estados Unidos –el país más rico del mundo– proveer de lo más básico a las personas a las que tiene enjauladas bajo su cuidado (lo que es legal y humanitariamente incorrecto, pero dejemos eso de lado por ahora).
Volvamos a lo del dinero: la curiosidad de muchos ciudadanos estadounidenses, que saben que ese monto sale de sus impuestos es, ¿qué es lo que cubren esos US$750 diarios? Pues, según aduce CHS, esos US$750 cubren los costos de operación. Sin más explicación, por ahora.
CHS es parte del grupo de empresas de Caliburn, controladas por la firma DC Capital Partners, una empresa financiera de las llamadas «private equity firm»; la junta directiva de Caliburn está encargada de aprobar cada movimiento de su portafolio de inversión, o sea, hay seres humanos específicos decidiendo conscientemente lucrar por mantener a estos menores enjaulados en las más deplorables condiciones posibles.
¿Quién está en esta junta directiva? Comencemos por John Kelly, el general retirado y exjefe de personal del presidente Donald Trump, quien, antes de trabajar para la administración Trump, era lobbista de DC Capital Partners. Hace poco, fue nominado a la Junta Directiva, a la que llegó con un jugoso contrato para CHS de USD 341 millones, ya bien armado el paquetito. Que conste, además, que no hubo licitación pública para este contrato, simplemente fue otorgado a dedazo y sin ninguna obligación de rendición de cuentas por parte de la empresa.
Ya así quedan claras las conexiones y el conflicto de interés. Hay más. Otros en la Junta Directiva son el ex subsecretario de Estado Richard Armitage, el exdirector de inteligencia Michael Hayden, Donald Kerr Jr., uno de los altos directivos de la CIA y otros varios exmilitares y políticos de alto rango de Estados Unidos, que conservan diversas conexiones con el Gobierno. Por motivos de espacio, creo con esto queda muy claro el patrón de quienes lucran con las políticas migratorias de Estados Unidos, a quienes esta crisis humanitaria le ha caído como anillo al dedo.
Todo esto cabe muy bien dentro de la ideología de mercado, tan conveniente para las corporaciones privadas, que aduce que no debe existir ningún oversight o vigilancia del Gobierno sobre la iniciativa privada. Quiero dejar muy claro que el resultado de la falta de vigilancia e intervención de un gobierno y de la obligación de transparencia y rendición de cuentas de una empresa, siempre –SIEMPRE– va a dar como resultado algo así de nefasto en contra del bien común y, en particular, de los segmentos más vulnerables e indefensos de una población. En este caso, los involucrados en la firma han lucrado extraordinariamente por someter adrede a cientos de niños a un sufrimiento innecesario y sádico, manteniéndolos enjaulados, a menudo separados de sus padres y sin acceso a los implementos más básicos de higiene, salud y alimento. Recordemos, incluso, que algunos niños han muerto por negligencia mientras estaban enjaulados o han sido «perdidos» por estas organizaciones privadas y no los logran encontrar.
Nada de esto es especulación. El escándalo ha causado la renuncia del director de la Patrulla Fronteriza y ha sido ampliamente documentado en medios tales como Bloomberg, The Miami Herald, CBS News, The Hill, National Public Radio, The New York Times, Florida Today y muchos otros. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los miembros de la Junta Directiva de DC Capital ha renunciado ni a sus puestos, ni a las ganancias granjeadas por sus lucrativos contratos obtenidos de manera tan inmoral, inhumana, obscura y posiblemente ilegal.
(*) Investigadora, traductora y ermitaña. Con posgrados en algunas charadas de política, comunicación y humanidades, y un doctorado en ciencias sociales por la universidad Florida Atlantic University. Mi verdadera vocación son los libros, el queso, y mi huerta urbana.
Fuente: Nomada
