Las elecciones en Bolivia, el pasado 18 de octubre de 2020, confirmaron lo que varixs analistas e investigaciones internacionales afirmaron desde el año pasado: la legitimidad de la victoria en las elecciones nacionales de Bolivia realizadas el 20 de octubre de 2019 y por ende un nuevo mandato de Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los rumores de fraude impulsados por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, desataron una sucesión de hechos que finalizaron con un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Evo Morales y Álvaro García Linera. Vale aclarar que al momento del golpe de Estado, dicho mandato surgido del voto popular en las elecciones de 2014, aún no había cesado.
El desconocimiento de los resultados electorales por parte de ese organismo internacional que generó las condiciones para el golpe de Estado dio paso a la represión, asesinatos por parte de fuerzas policiales y militares, persecución política, exiliadxs, la obligada renuncia de Evo Morales a la presidencia y demás atropellos a los derechos civiles de los que el Secretario General de la OEA debe hacerse cargo, como responsable y cómplice de ese proceso destituyente, pero, sobre todo, por el silencio ante las masacres de Senkata y Sacaba.
Las elecciones de octubre de 2020 arrojaron como resultado una contundente victoria del MAS-IPSP. Recientes estudios comparativos de las dos elecciones de 2019 y 2020 han demostrado que no existió tal fraude. Más que un rumor, podemos aseverar que se trató de una operación de desestabilización orquestada por intereses espurios que dinamitaron la institucionalidad de Bolivia para conformar un régimen basado en la represión y el racismo hacia las mayorías indígenas de Bolivia, con la intención de imponer de manera corrupta y rápida reformas estructurales neoliberales y, en el plano internacional, el alineamiento total a Washington.
Latinoamérica y el Caribe son territorios de paz que abogan por la libre autodeterminación de los pueblos. Que Luis Almagro siga desempeñándose como Secretario General de la OEA, impide estos procesos y no reviste ninguna garantía para que lo sucedido en Bolivia no pueda ocurrir nuevamente en ese país o en otro. La memoria, la verdad y la justicia debe garantizarse para que ningún crimen de Estado quede impune.
Por eso, desde el Capítulo Uruguay de la Red en Defensa de la Humanidad, solicitamos la renuncia de Luis Almagro a la Secretaría General de la OEA. Hacemos un llamado a todas las organizaciones, líderes y lideresas políticas y sociales de la región y el mundo a hacerse eco de este llamado y adherirse a este pedido que busca borrar cualquier indicio de colonialismo e injerencia y aboga por la paz social.
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